Empresa demandada por el Gobierno de Veracruz construye salas orales sin licitar

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) prácticamente ha dejado de licitar sus obras públicas y argumenta que se debe a la prisa para poner en operación el nuevo sistema de justicia penal.

De 34 contratos de obra asignados en 2015 hasta el cierre de septiembre, sólo 2 fueron resultado de una licitación, mientras que 22 se adjudicaron de manera directa y 4 más tampoco requirieron concurso al ser firmados bajo un convenio con la Secretaría de la Defensa Nacional.

Los otros 6 fueron por invitaciones restringidas y otras modalidades.

Además, en octubre, al menos otros tres contratos relevantes fueron adjudicados.

La información es proporcionada por la propia Judicatura en los detalles de los contratos firmados para obra que aparecen en el apartado de Transparencia de su página de internet.

Los contratos licitados sólo sumaron 24.5 millones de pesos, mientras los que no tuvieron competencia alguna suman más de mil millones de pesos, la gran mayoría para la construcción de los nuevos centros de justicia penal.

"La regla general es por asignación directa, sustentada en el poco tiempo disponible y en algunos casos por razones de seguridad, y la excepción es que donde se haya iniciado con un centro provisional, se construya el definitivo por licitación", explica el CJF en el rubro de Centros de Justicia Penal.

Luis María Aguilar, presidente del Consejo, señaló en su informe anual que la premura se debe a que, si bien la reforma constitucional penal data de 2008, el Congreso expidió hasta marzo de 2014 el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Y es en éste donde se detalla la mecánica de los procesos, algo indispensable para diseñar los centros, arguye.

La Judicatura proyecta, en total, 44 centros de justicia penal, ya sea como obras nuevas autónomas o como salas para juicios orales en instalaciones ya existentes.

"La idea es seleccionar constructoras locales con capacidad comprobada en obras previas para el Gobierno federal", explicó una fuente judicial sobre las adjudicaciones directas.

Así, la constructora Caabsa ganó en septiembre tres contratos por casi 150 millones de pesos para instalar salas de juicios orales en los tres reclusorios del DF.

Dicha empresa ha ganado importantes obras en este sexenio, como la hidroeléctrica Chicoasén II, pero el año pasado fue objeto de denuncia penal del Gobierno de Veracruz por un retraso de varios años y desvíos en el proyecto del Túnel Sumergido Coatzacoalcos.