+ El empresario y ex Alcalde permanece en las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.
Nacionales
- 2011-06-06
La Procuraduría General de la República (PGR) informó que decidió ampliar de 48 a 96 horas el término para definir la situación jurídica de Jorge Hank Rhon y 10 detenidos, porque se presume que son probables responsables del delito de delincuencia organizada.
En un comunicado, la dependencia federal indicó que supone la comisión de este delito por la cantidad de personas relacionadas con las 88 armas aseguradas.
La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada establece que este delito se comete por dos o más personas y en forma reiterada.
"La duplicidad del término por 48 horas más, evitará que los indiciados se sustraigan a la acción de la justicia, mientras se deslinda su participación en la comisión del delito de delincuencia organizada, con el que pudieran estar relacionados por el número de personas detenidas en flagrancia y por el tipo de armas que les fueron aseguradas", explicó la PGR.
La Procuraduría añadió que los inculpados estaban en flagrante posesión ilícita de armas de fuego, de las cuales no pudieron acreditar la legal posesión, por lo que inicialmente se inició una averiguación previa con motivo de la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
En caso de que la PGR les finque el cargo de delincuencia organizada, Hank y sus escoltas tendrán que combatir legalmente dos delitos graves, pues el acopio de armas también resultaría grave porque la mitad de ellas eran de calibres de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Además de Hank, también están retenidos en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) Marco Antonio Trinidad Gómez, Luis Alfonso Sánchez Solís, Rubén Muñoz Nava, Víctor Manuel de la Torre Horta y Javier Marco Polo Ayala Roldán.
También están Rigoberto González López, César Pérez Guerrero, Carlos Gonzalo Pérez Contreras, Ramón López Apodaca y Juan Ignacio Parra Santos.
La Procuraduría manifestó que tiene la firme decisión de emplear sin reserva y sin excepción todos los instrumentos jurídicos establecidos en la Ley para investigar, identificar, detener y llevar ante la justicia federal a quienes atentan contra el orden, los valores y los derechos legítimos de la sociedad.
