LAS CHOAPAS: Renato y Miguel Tronco: Represión, chantajes y los abusos policiacos

En su afán de querer convertirse en caciques y tener el poder a base de lo que cueste, los hermanos Renato y Miguel Tronco Gómez, han utilizado a campesinos y al propio cuerpo policíaco del ayuntamiento para cometer una serie de arbitrariedades, así lo revelan sus antecedentes y archivos periodísticos que guarda esta casa editorial.

Desde los inicios de su carrera política, Renato utilizó a los campesinos como su bandera para abrirse paso y conseguir apoyos, recursos y beneficios que al final de cuenta, no fueron distribuidos entre esa gente humilde, sino a un puñado de gente que hoy se pasea en lujosas camionetas.

En el 2001, Renato Tronco era un campesino más en el municipio de Las Choapas y se paseaba en una camioneta Bronco, color azul, de modelo atrasado; en el 2001, desde la Unión de Ejidos 25 de Abril que fundó el profesor, Alfredo Pérez Juárez (Q.E.P.D.) junto con algunos campesinos más, Tronco inició su poderío en el área rural.

Más tarde, presuntamente con el visto bueno de Cirilo Vázquez Lagunes logró que el Partido Acción Nacional lo postulara como su candidato a la alcaldía de Las Choapas y la ganó por el periodo 2005-2007.

La Unión de Ejidos 25 de Abril la convirtió en una empresa constructora que maneja él y un grupo de personas allegadas a su grupo político, de tal manera que el gobierno municipal de Antonio Pouchoulén Cárdenas –con quien rompió relación—sufrió durante los tres años las presiones y amenazas de Tronco quien le exigía millones de pesos en obras para la citada constructora.

Tronco no terminó el trienio como alcalde y se lanzó a la diputación local por el mismo partido, pero ya que consiguió ser legislador, se convirtió según él, en independiente, es decir, renunció a las siglas del PAN y declaró que nunca fue panista.
En su desesperación por querer que se le asignaran recursos a la constructora UE25, el 13 de marzo de 2008, Renato ya como diputado independiente y su hermano Miguel Tronco llegaron al Palacio acompañados de una turba de campesinos, quienes de manera violenta tomaron el edificio, golpearon a los funcionarios municipales y amenazaban con linchar al alcalde Antonio Pouchoulén Cárdenas si no les entregaban un paquete de obras por varios millones de pesos.

Durante varias horas se encerraron en el privado de la presidencia el propio alcalde, Renato, su hermano y el entonces delegado de Política Regional de la Subsecretaría de Gobierno, José Luís Utrera Alcázar, para tratar de llegar a un acuerdo que pusiera punto final a la inconformidad de la población. En ese entonces consiguió que se le otorgaran las obras para que las ejecutaran contratistas de la 25 de Abril.

Posteriormente, en el 2009, específicamente el 10 de mayo, volvió Tronco a presionar al gobierno de Pouchoulén y acompañado de campesinos vuelve a irrumpir en el Palacio. En ese entonces el alcalde Antonio Pouchoulén, señaló en rueda de prensa al diputado Renato Tronco Gómez como responsable de azuzar a campesinos para que tomaran el Palacio exigiendo asignación de obras para construirlas.

Pouchoulén declaró que la toma del Palacio obedecía a que el grupo dirigido por Renato Tronco, exigía la cantidad de 20 millones de pesos en obras. Ese entonces, se distribuyeron los recursos del erario público asignados para obras, un 50 por ciento para la zona urbana y 50 por ciento para la zona rural.

Estos hechos pusieron en evidencia la represión con la que actuaban los hermanos Tronco para conseguir beneficios personales.

Como presidente municipal por segunda ocasión, Renato Tronco Gómez entró con la “espada desenvainada” y con una actitud vengativa contra todos aquellos que no comulgan con su forma de gobernar. Los abusos policíacos se dispararon de manera alarmante y hasta la fecha continúan en el mismo ritmo.

Miguel Tronco Gómez, actual precandidato a diputado federal por el Partido Movimiento Ciudadano, también ha utilizado el poder de su hermano como alcalde, para hacer uso de la fuerza pública y reprimir a campesinos.

El 15 de abril del 2011, un centenar de campesinos se presentaron al Palacio a protestar porque el hermano del alcalde, apoyado por policías municipales, a golpes y con gases lacrimógenos, los obligó a entregar maquinaria que tenían retenida en protesta por irregularidades en una obra carretera.
Fueron campesinos del ejido 5 de Mayo y Ricardo Flores Magón las víctimas de garrotazos, golpes y patadas por parte de policías que llegaron a bordo de cuatro patrullas junto con Miguel Tronco, para despojarlos de las maquinarias de la constructora 25 de Abril, que habían retenido en protesta por los pésimos trabajos que realizaban en esos ejidos.
Si algo ha distinguido a la presente administración municipal, son la serie de abusos policíacos y denuncias que enfrentan los agentes policíacos.

Durante el 2011, elementos de la Policía Municipal cometieron múltiples abusos contra la ciudadanía, ante la falta de estrategia y experiencia en sus mandos y sobre todo del jefe de la corporación, de tal manera que ante la agencia del Ministerio Público enfrentan al menos 11 denuncias penales.

Desde inicio de la presente administración los atropellos policíacos se dispararon. Uno de los primeros casos ocurrió el pasado 2 de febrero, cuando dos jóvenes que filmaban otro atropello policíaco al salir de una fiesta disco en el bar “Rumba”, fueron detenidos por lo policías y subidos a la patrullas a punta de golpes.

El video filmado con un celular, fue presentado ante las autoridades judiciales para ser agregado al expediente CHOA/64/2011.

Uno de los últimos casos fue el del ex dirigente campesino, Marco Carrillo Coll, a quien además de robarle presuntamente 52 mil pesos, le propinaron una golpiza, fracturándole el brazo derecho. Otro caso más de este 2012, fue la agresión contra miembros de la Resistencia Civil ocurrida apenas este miércoles 25 de enero.


Cronología de los abusos
LA LEY DEL GARROTE
1 de Febrero 2011, dos jóvenes que filmaban un atropello policíaco al salir de una fiesta disco en el bar “Rumba”, fueron golpeados y detenidos por policías municipales. No conforme con eso, los pusieron a disposición del Ministerio Público por presunto ultraje a la autoridad.

El 14 de febrero, elementos de la policía municipal dispararon contra una camioneta cabina y media Ford F-150 de color azul, que tripulaban los jóvenes Ángel David Méndez Hernández y Luis Ramos Ascensio, a quienes además le propinaron severa golpiza.

EL 21 de mayo, los uniformados molieron a golpes al albañil, Andrés Moyinero Méndez, fracturándole una costilla y causándole lesiones internas, por lo que fue necesario internarlo de urgencia en el hospital Doctor Pedro Coronel Pérez.

De este hecho, también hubo denuncia penal, pero los agentes policiacos utilizaron las amenazas contra la humilde familia, para que al final desistieran.

El 26 de mayo, un ganadero fue víctima de brutalidad policíaca, todo por discutir con unas personas que se encontraban en las oficinas de la Unión de Ejidos 25 de Abril del 2000, ya que golpeó su camioneta de manera accidental contra un poste de concreto y por ello fue sometido violentamente.

El 7 de junio, además de reventarle un ojo, del que prácticamente sus lágrimas eran sangre, además de golpes en diversas partes del cuerpo, elementos de la Policía Municipal despojaron de 4 mil pesos en efectivo al ganadero, José Arjona Cruz.

El 19 de octubre, el ex dirigente campesino Marco Carrillo Coll fue víctima de los atropellos policíacos, ya que le propinaron una golpiza para subirlo a una de las patrullas cuando el ganadero se opuso a una infracción en la avenida 20 de Noviembre, a la altura de la calle El Playón.

Encima de eso, le dieron por perdido la cantidad de 52 mil pesos, producto de una venta de ganado.

El 21 de octubre, por parecerles sospechosa cuando se dirigía a su casa a bordo de un taxi por la carretera Producción, tras su jornada de trabajo, una madre de familia fue detenida por elementos de la policía y trasladada a la Comandancia donde la obligaron a desnudarse para una “revisión de rutina”, pero aún cuando no había delito, la pusieron tras las rejas y le cobraron 600 pesos por su libertad.

El 26 de octubre, una investigación judicial (que no tuvo avances), se abrió en contra de elementos policíacos, debido a que un obrero fue víctima de golpes y lesiones y cuando la patrulla número 15 acudió al auxilio, los elementos se negaron a detener al agresor bajo el argumento que era miembro de la delincuencia organizada.

El 13 de noviembre, policías municipales que perseguían un sujeto tras una riña callejera, se introdujeron a casa de una familia en la colonia Agraria, cuyos moradores aún dormían, pero fueron despertados violentamente por las patadas de los uniformados en la puerta y después se metieron, denunció la agraviada, Irma Teresa Gallegos Zapata.

El 25 de enero de 2012, ocurrió uno de los atropellos más graves, cuando un grupo de manifestantes de la Resistencia Civil, llegaron a protestar frente al Palacio Municipal y en lugar de atenderlos, les aventaron a elementos de la policía municipal con equipo antimotín.