Los estados en donde se realizó la investigación son Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco ahí comprobó que militares y policías aplican torturas sistemáticamente.
Nacionales
- 2011-11-09
Human Rigths Watch en su informe “Ni seguridad ni derecho: Ejecuciones, desapariciones y tortura, en la guerra contra el narcotráfico en México”, denunció que en el periodo del presidente Felipe Calderón se detectó que integrantes de las Fuerzas de Seguridad, en cinco estados participaron en más de 170 casos de tortura, 39 desapariciones y 24 ejecuciones extrajudiciales.
Esa organización internacional destaca que en vez de reducirse la violencia en México la guerra contra el narcotráfico ha provocado un incremento dramático de la cantidad de asesinatos, torturas y otros abusos por parte de las Fuerzas de Seguridad, que solo contribuyen agravar el clima de descontrol y temor que predomina en el país.
Los estados en donde HRW realizó la investigación son Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco ahí comprobó que militares y policías aplican torturas sistemáticamente para conseguir que los detenidos confiesen mediante coacción o proporcionen información sobre capos.
Se destaca que el informe contiene evidencias contundentes que soldados y policías han perpetrado desapariciones y ejecuciones extrajudiciales y que en muchos casos han aportado medidas para ocultar sus delitos, como son la interacción de los lugares en donde se han cometidos los hechos que delinquen.
En los cinco estados mencionados entre 2007 y abril de 2011 los agentes del Ministerio Público Militar iniciaron 1615 investigaciones sobre delitos presuntamente cometidos por soldados contra civiles. Y ni un solo soldado ha sido condenado en estos casos.
En sus recomendaciones, esta organización señala que el Congreso debe reformar el Código de Justicia militar para que las autoridades civiles investiguen los delitos militares. A los funcionarios públicos le señala que deberían abstenerse de efectuar declaraciones en las cuales desestimen las denuncias de abusos. Y los jueces deberían hacer cumplir la prohibición de emplear pruebas obtenidas mediante tortura.
