CHIHUAHUA: Ascensión se queda sin médicos por inseguridad
Suspenden indefinidamente servicios de vacunación y medicina preventiva
Nacionales
- 2011-08-06
En un clima de tensión y miedo, los médicos estatales del municipio de Ascensión, ubicado al norte de Chihuahua, frontero con Estados Unidos, se negaron a seguir laborando hasta que las autoridades les garanticen seguridad, a pesar de que el Ejército asumió la vigilancia del municipio tras la renuncia masiva de los policías locales.
Por falta de condiciones para su seguridad, los médicos del Centro de Salud y Servicios Avanzados (Cessa) suspendieron de manera indefinida el viernes las consultas, servicios de vacunación y medicina preventiva, informó a la prensa la administradora de la Unidad Médica, Adriana Palomino.
“No hay garantías para trabajar y temo por mi vida”, explicó Héctor Sáenz Echeverría, director de la única institución médica del gobierno de Chihuahua que atiende a pacientes dentro de los programas federales Oportunidades y Seguro Popular.
El miércoles pasado, por segunda ocasión en poco menos de 10 meses, la población de Ascensión se quedó sin policías municipales, debido a que los 26 agentes de la corporación renunciaron por temor a ser víctimas de los ataques del crimen organizado.
En septiembre de 2010, luego de que los habitantes del municipio mataron a golpes a dos secuestradores, el edil fue obligado a despedir a los 12 policías que integraban la corporación.
De septiembre a la fecha fueron asesinados cinco agentes y el director de la policía, mientras que el secretario del ayuntamiento resultó ileso luego de ser atacado a tiros por un grupo armado.
Unas 24 horas después, la Fiscalía de Chihuahua informó que el Ejército y la Policía Federal se harían cargo de la protección de los 10 mil habitantes del municipio que comparte 180 kilómetros de frontera con Nuevo México, Estados Unidos, idónea para el trasiego de drogas e indocumentados.
Según informes del gobierno estadounidense, por esa frontera habrían ingresado a México buena parte de los rifles de asalto de la fallida operación Rápido y furioso, implementada por la Oficina de Control de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos de ese país.
La administradora del Cessa explicó que a pesar de las manifestaciones de inconformidad de los pacientes, los médicos decidieron no laborar hasta que se garantice su seguridad, luego de que en la noche del martes varios hombres armados se introdujeron en las instalaciones y amenazaron a los doctores para que no atendieran a una mujer policía herida.
Sin embargo, el gobernador César Duarte negó que los servicios estatales de salud que ofrece el Cessa no se han interrumpido en Ascensión por la ola de violencia y que los servicios se realizan de manera normal.
El gobernador agregó que la Fiscalía General del Estado, la Policía Única y el Ejército se están haciendo cargo de la situación. “La calma está regresando poco a poco a los pobladores de Ascensión”, añadió.
Renuncia por miedo
La renuncia del personal operativo de la Policía Municipal de Ascensión se produjo un día después de que dos agentes murieron durante un ataque a balazos y una oficial resultó gravemente herida, que fue trasladada al Cessa, donde un grupo armado trató de impedir que atendieran de sus heridas.
El alcalde de Ascensión, Jaime Domínguez Loya, admitió que los policías renunciantes decidieron separarse de la corporación por miedo de ser blanco del crimen organizado, ya que tres días antes la comandancia local había sido atacada a tiros por desconocidos, aunque sin víctimas.
Según medios locales, la presencia del crimen organizado en esa zona no es nueva, pero en los últimos cinco años incrementó su actividad a través de secuestros y extorsiones junto con el paso de drogas hacia EU.
Aunque dejaron de corromper a la policía, las bandas optaron por las amenazas para que se les dejara operar infundiendo temor en las fuerzas de seguridad que dejaron su labor.
El 24 de enero, Álvaro Sandoval, comerciante de la sección municipal de Puerto Palomas, enfrentó a tres extorsionadores que trataron de entrar en su casa para exigirle el pago de una fuerte cantidad de dinero por “derecho de piso”. Tres semanas después Sandoval Díaz y su esposa fueron asesinados.